Estamos decididos a cumplir con los dictámenes de la Justicia en pos del cuidado del medio ambiente y también de la salud de todos los habitantes. Entendemos la necesidad habitacional, que es una realidad, pero tenemos que darle un marco de legalidad a las soluciones.
Me duele la preocupación de las familias, que evaluaban su futuro con incertidumbre. Pero desde el Municipio no hacemos las cosas a medias, buscamos la solución con el menor perjuicio. No podemos dejar a los vecinos a la deriva con la excusa de salvarlos de un peligro mayor.
Las tres familias afectadas directamente fueron reubicadas y, provisoriamente, están viviendo en un SUM, cuyas instalaciones están acondicionadas para satisfacer todas las necesidades que debe brindar un hogar. Muy pronto, estas familias serán beneficiarias de las viviendas sociales que se construirán a sólo dos cuadras del lugar del desalojo, ya que también contemplamos la importancia del vínculo ya formado con el barrio.
Fue mucho el tiempo en que el Estado estuvo ausente. Hoy estamos recuperando el rol de planificador de políticas públicas. Les aseguro que estamos trabajando en un plan de urbanización que sea el fin definitivo para esta historia de aplazos y deudas.
